Para combatir el cambio climático, la Ley catalana de cambio climático grava con impuestos las emisiones de CO2 atendiendo a su potencial contaminante, a vehículos a motor, barcos e instalaciones, con el propósito de destinar los recursos obtenidos a mitigar los efectos nocivos de las emisiones. Unos buenos propósitos que, con el paso del tiempo, nos confirma que no llegan a buen término.

Por lo que nos afecta más al sector de la automoción, que es el impuesto sobre las emisiones de CO2 a determinados vehículos de tracción mecánica, el error en su configuración se manifiesta.

Aquí relacionamos algunos motivos que someten a su consideración.

El peso de las matriculaciones de turismos en Catalunya representa un 12,5% actual frente al 15,7% de 2014. Hemos perdido un 3,2% de cuota de mercado. ¿Significa eso que circulan más o menos vehículos en Cataluña? Los datos de circulación de vehículos y volumen del parque móvil nos indican que no es así.

Por otra parte, las compras de empresa y las empresas de alquiler de turismos en Catalunya rozaban el 25% en 2014 y en el último año 2022 apenas suman un 12,1%. El peso de estos canales se ha reducido substancialmente.

La recaudación efectiva del impuesto de CO2 ha sido tan sólo un 57% de lo previsto en el primer año de recaudación, poniendo de relieve que en su primer año no se han cumplido las expectativas planteadas y que el “papeleo” administrativa que genera es ingente y obliga a la Agencia Tributaria de Catalunya realizar un esfuerzo sin la recompensa prometida.

La recaudación estimada del impuesto sobre matriculación se cifra en 585,5 millones de euros y Catalunya ha recibido 85 millones de euros, importe que si lo comparamos con los 225 millones de euros de la Comunidad de Madrid resultan ridículos.

Madrid da ampara a 6,82 millones de personas (14,3% del total nacional) y sin embargo recauda el 38,5% de lo que aporta a España el impuesto de matriculación que pagan las personas que adquieren un coche nuevo. Catalunya, la segunda comunidad por volumen de recaudación, tiene 7,74 millones de habitantes, pero se queda con el 14,7% del impuesto. En dinero, de los 585,5 millones de euros que se han ingresado con este impuesto entre enero y noviembre de 2022, la Comunidad de Madrid se quedó con 225 millones y Catalunya con 85 millones. Andalucía, el territorio con mayor población, se sitúa en 8,54 millones, y cabe recordar que recibió 71,8 millones de euros, el 12,3% del total descontando los territorios forales de Navarra y País Vasco con una legislación fiscal propia.

Una anomalía que crece cada año. Si nos remontamos a 2018, de los 513 millones de euros que se recaudaron en el conjunto de España con este impuesto, la Comunidad de Madrid recibió 167 millones, el 32,5%, y Catalunya, en segunda posición, 92, 7 millones, 18,6% del total. Por tanto, en cinco años, la Comunidad de Madrid ha aumentado seis puntos en el reparto de los beneficios de este impuesto y Catalunya pierde cuatro puntos, una merma generalizada en el resto de los territorios a favor de Madrid.

En fin, dejamos aquí este análisis porque los datos son lo suficientemente elocuentes como para acreditar la distorsión que genera un impuesto bien intencionado, pero que ha tergiversado el buen funcionamiento del mercado y su recaudación.