Superadas las elecciones catalanas del 12 de mayo y, a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, quisiera referirme a la necesidad de renovación del envejecido parque móvil de vehículos de nuestro país, que pasa por la introducción de vehículos más limpios y emisiones cero y por la retirada de las unidades que generan más emisiones. La UE marca la hoja de ruta y las diferentes administraciones, en el desarrollo de sus competencias, concreta los mecanismos adecuados.

El Plan Moves III es una herramienta que responde a esta prensa en una doble vertiente, en ayudas a la compra de vehículos y en la ampliación de los puntos de recarga. Este plan -que está sujeto a un protocolo administrativo rígido y formalista que está colapsando a los gestores del programa- ha agotado la dotación presupuestaria en Catalunya. Nos consta que se podría haber ampliado la dotación presupuestaria porque existen recursos disponibles, pero Acció Climàtica no lo ha hecho. Antes del plazo temporal de finalización del plan, ya no existen recursos nuevos disponibles.

Los gestores del plan en Cataluña trabajan con la previsión de poder cubrir la lista de espera con los expedientes que no se ejecuten o no cumplan con los requerimientos. Pero esta indicación, si la trasladamos a la óptica comercial del concesionario, es muy difícil trasladar al cliente potencial beneficiario y como aliciente de compra, pierde eficiencia.

Nos encontramos también que, en paralelo, en Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana, han puesto en marcha planes de incentivos para facilitar a la ciudadanía y las empresas la renovación del parque. Aquí en Catalunya no es así y hasta que no haya nuevo gobierno deberemos esperar para reivindicarlo.

Mientras, estamos expectantes si avanza el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de calidad del aire impulsado por el actual Gobierno, ahora en funciones, que califico de muy ambicioso y de difícil cumplimiento que compromete a muchas familias y empresas , que verán limitado el uso de su vehículo, sin ninguna contrapartida o soporte por parte de la Administración.

Éste es, en resumen, el cuadro en el que nos encontramos y nos comprometemos desde Fecavem a pedir a las administraciones competentes, que lo redibujan y tome sentido, porque actualmente es abstracto.