Una vez más, el Ayuntamiento de Barcelona fue condenado por la regulación de la vía pública que impide el paso de los vehículos a motor. Todas las sentencias comparten un común denominador: el Ayuntamiento infringió la ley porque el proyecto requería modificar el Plan General Metropolitano (PGM), puesto que «implicaba un cambio de paradigma en la concepción de la urbanización del espacio público». No quiso modificarse el PGM y, además, los jueces han descubierto la estrategia del Consistorio para llevar a cabo el proyecto, que consistía en fragmentarlo en diversas actuaciones considerándolas obras ordinarias, aunque no lo eran.

Todavía existen más de una decena de denuncias pendientes que llevaron a la justicia el procedimiento municipal. El gobierno liderado por el alcalde Jaume Collboni, no tiene otra opción que recurrir las sentencias por corporativismo hacia los funcionarios y porque formó parte de la coalición que tomó la decisión ahora condenada en el anterior mandato. Pero sabe que este problema puede resultar muy costoso no sólo para el Ayuntamiento sino también para la ciudadanía, puesto que las sentencias obligan a restituir estas calles y plazas tal y como eran antes de las obras. Se calcula que el coste de esa restitución sería de 50 millones de euros. A este coste, debería añadirse la devolución de varios millones de los fondos europeos destinados a estos proyectos. En definitiva, un despropósito para la ciudad que no podemos permitirnos.

El Ayuntamiento tiene un factor a favor: los demandantes -que agrupan a empresas y ciudadanos de Barcelona- actúan con sensatez y no piden la reversión de la reforma, sino la resolución de sus efectos negativos. La discusión no se centra en si el espacio se ha quedado bien, mal o regular. Lo que queda patente sentencia tras sentencia, es que estas vías públicas están fuera de normativa, no se podían hacer de acuerdo a la legalidad vigente y ésta es la herencia que nos queda.