El Gremio del Motor y la Movilidad de Barcelona es una de las entidades empresariales que ha presentado alegaciones en el Plan Director Urbanístico Municipal (PDUM) del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El principal motivo de todas ellas es que el PDUM plantea una reducción de los futuros desplazamientos en vehículo privado a la mitad y propone compensarlo con el incremento de desplazamientos en transporte público. El Plan, en su posterior argumentación, atribuye los criterios de eficiencia y sostenibilidad, exclusivamente al transporte público.

A todas las entidades adheridas, en mayor o menor grado, les impacta en su actividad económica, ya sea a nivel productivo o usuarios del vehículo privado. A efectos prácticos, el Plan faculta a la Administración pública para diseñar un urbanismo a medida del transporte público, que ella misma ofrece, en detrimento de su competencia, el vehículo privado. Una competencia, recordemos, útil y necesaria para la supervivencia de la movilidad en todo su conjunto.

Así pues, cada una de las siguientes normativas o planes marcan unos límites a la producción de vehículos a motor y un calendario de implantación, que provocan inversiones económicas muy importantes en toda la cadena de valor de la automoción, con el objetivo de transformar radicalmente el parque de vehículos europeo.

En primer lugar, el paquete normativo Fit for 55 contiene un conjunto de propuestas para reducir las emisiones y que en el sector automoción reduce los gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% en 2030 y sólo permitirá matricular vehículos cero emisiones a partir del año 2040. Esta restricción comporta una auténtica revolución en el sector, unas inversiones económicas elevadas y un cambio sustancial en el perfil laboral de las personas empleadas en el sector.

En segundo lugar, la normativa Euro 7 reduce, aún más, las emisiones de contaminantes atmosféricas procedentes del transporte por carretera, entrando en vigor en 2027 para vehículos ligeros y 2029 para vehículos pesados. Muchos fabricantes han advertido de que esta nueva regulación pone en riesgo la empresa y el empleo que genera.

En tercer lugar, cabe destacar los importantes avances orientados a la circulación autónoma que todos los fabricantes del mercado van incorporando en los nuevos vehículos. La asistencia a la conducción es una realidad, avanza hacia la conducción autónoma y en un camino donde se presentan dificultades y obstáculos de todo tipo, técnicos o éticos. Actualmente, nos encontramos con que la normativa vigente en España todavía no habilita al uso de todos los elementos de asistencia. Nos encontramos con que los vehículos incorporan sensores que no se pueden usar, por lo que la normativa limita su uso potencial.

En cuarto lugar y, por último, hago referencia al Plan Nacional Integral de Energía y Clima español, del que destaco que marca unos objetivos con horizonte 2030, principalmente de disponibilidad de puntos de recarga públicos. Pues bien, la patronal ANFAC. la de los fabricantes de vehículos, mide trimestralmente si alcanzamos los objetivos previstos y en la comparativa quedamos por debajo.

En definitiva, los condicionantes normativos y el calendario de implementación tendrán un impacto sustancial en la automoción y en las personas que ocupa, así como en la configuración del parque móvil europeo. Y es aquí cuando me pregunto: ¿vale la pena tan esfuerzo si la planificación urbanística como las de Barcelona prevén una reducción tan drástica de su uso?