La Patronal Catalana de la Automoción (Fecavem) ha presentado, desde su sede y en rueda de prensa, el Informe sobre el Impacto del Impuesto CO2 en Cataluña a los medios de comunicación. Estos resultados han puesto de relieve las graves carencias y agravios que comporta este impuesto que únicamente se recauda en Cataluña.

Si nos situamos en su cronología más inmediata, el citado impuesto fue promovido y aprobado bajo el mandato del Consejero de Territorio y Sostenibilidad, bajo el Gobierno de Junts per Catalunya y ERC, en el año 2021. Desde entonces, se han llevado a cabo dos recaudaciones:

• La del año 2021 que se elevó a 30,25 millones de euros y obligaba a 3.913.473 contribuyentes catalanes.
• La del año 2022 que se elevó a 41 millones de euros y obligaba a 4.657.702 contribuyentes catalanes.

De entrada, estas cifras ya han estado muy por debajo de la previsión inicial que dieron. Para el año 2021 anunciaron que se recaudarían 66 millones de euros y para el año 2022, 160 millones de euros. Para el 2023, sabremos los resultados en septiembre de 2024 que es cuando se generará.

El impacto ya se percibe en el mismo año 2017 cuando se anuncia. Si las matriculaciones catalanas tenían un peso del 15,7% en el conjunto de España en 2014, en 2018 el descenso empieza a ser de dos puntos negativos, hasta el 14% y, posterior a la pandemia y la aplicación de este impuesto, hoy en día ya nos situamos en el 11,8%. Una pérdida demasiado grande.

Así pues, se ha sacado adelante un presupuesto que no cumple los objetivos de recaudación. Pero hay más aspectos que Fecavem pone de relieve en su informe. La Patronal catalana también pone de manifiesto que éste sólo se cobra en Cataluña con un agravio diferencial del resto de comunidades autónomas españolas. Esto significa que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña grava exclusivamente a los catalanes y catalanas, mientras que los vehículos continúan circulando igual estén domiciliados fuera de Cataluña. Esto ha provocado que caigan las matriculaciones solo en nuestra casa y afecta a las arcas municipales ya que el cambio de domicilio revierte en el impuesto de circulación. Hay que diferenciar el Impuesto de circulación que recaudan las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales), con el Impuesto de Matriculación que recauda el Estado y distribuye entre las comunidades autónomas, proporcionalmente.

Por otro lado, el Informe también se plantea ¿qué uso se ha hecho de ese dinero recaudatorio? El 50% se ha destinado a Patrimonio Natural y el otro 50% al Fondo de Cambio Climático. Inicialmente se anunció que se destinaría a fomentar las energías renovables y la renovación del parque móvil catalán no se ha destinado ni un euro, hecho significativo para ayudar a paliar la contaminación.

Si vamos en los efectos directos, este efecto se ha palpado, especialmente, en el sector del renting. En Madrid se matriculan el 94% del total, en Cataluña un 0,5%. Mientras que el rentacar, ligado al sector turístico, Madrid tiene el 68,9% del pastel y Cataluña se queda con el 4,2%. Una anomalía teniendo en cuenta que Barcelona es líder en el tercer servicio de los turismos. Y, actualmente, incluso las Islas Canarias o las Islas Baleares nos superan.

Para finalizar, la aplicación de este impuesto ha desbordado a la Agencia Tributaria de Cataluña. El origen de los datos proviene de la Dirección General de Tráfico y estos datos no tenían prevista esta finalidad recaudatoria. Esta combinación ha supuesto miles de errores que se han tenido que enmendar. Una combinación explosiva que Fecavem ya había advertido en sus alegaciones iniciales y que se ha cumplido, perjudicando a los contribuyentes catalanes y catalanas con vehículos dados de baja o cambiados de titular.

Antes de hacer público este Informe, Fecavem lo ha trasladado de forma personal a los principales partidos del Parlamento de Cataluña: Esquerra, PSC y Junts. Y también lo hará próximamente con el resto de partidos que nos quieran escuchar.

Pedimos su revisión o supresión inmediata porque, en lugar de encontrar algún beneficio, lo que constatamos son agravios comparativos, económicos, sociales e, incluso, ecológicos para Cataluña y su ciudadanía.