Los últimos datos disponibles sobre el Impuesto sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica ponen de manifiesto que se trata de un tributo consolidado desde el punto de vista recaudatorio, pero que continúa generando importantes interrogantes sobre su utilidad, por su nulo impacto directo sobre la movilidad de los ciudadanos y las empresas, sobre todo si se tiene en cuenta que en ningún caso, los fondos se destinan específicamente a la automoción.

Según los datos correspondientes al ejercicio 2025, el impuesto afecta a más de 4,68 millones de vehículos y ha comportado la notificación de 1,77 millones de liquidaciones, con una recaudación líquida superior a los 56,6 millones de euros, por encima incluso del objetivo inicial fijado en 51,19 millones.

La mayor parte de la carga fiscal recae sobre los turismos, categoría que concentra cerca de 1,57 millones de vehículos gravados y más de 47 millones de euros de tributación, mientras que las motocicletas y los vehículos comerciales tienen un peso muy inferior.

Los datos también evidencian una elevada complejidad administrativa. Durante 2025 se registraron 211.745 consultas telefónicas relacionadas con el impuesto, una cifra extraordinariamente superior a la de los años anteriores y que revela las dificultades de interpretación y gestión que continúa generando entre los contribuyentes.

Desde la perspectiva del sector de la automoción, este impuesto presenta varios aspectos preocupantes. En primer lugar, grava la mera titularidad del vehículo sin tener en cuenta el uso real que se hace de él, de manera que dos vehículos con el mismo nivel de emisiones soportan la misma carga fiscal aunque recorran kilometrajes muy diferentes. En segundo lugar, penaliza especialmente a los propietarios de vehículos antiguos, a menudo familias y trabajadores con menor capacidad adquisitiva, sin establecer mecanismos suficientes que faciliten la renovación del parque. Finalmente, se trata de un impuesto adicional que se suma a la importante presión fiscal que ya soporta el automóvil a través del IVA, el impuesto de matriculación, el impuesto de circulación y la fiscalidad de los carburantes.

Por este motivo, Fecavem considera que las políticas públicas deberían priorizar incentivos estables para la renovación del parque móvil y la reducción efectiva de emisiones, en lugar de incrementar la carga tributaria sobre la movilidad de los ciudadanos y de las actividades económicas.