En agosto se han concretado los términos en los que el gobierno español ha concedido un crédito extraordinario a los operadores de transporte público, con el fin de reducir el precio del transporte público urbano e interurbano al ciudadano.
La medida beneficia a parte de la ciudadanía ante la situación geopolítica actual y la necesidad de asegurar al máximo, facilitando la movilidad cotidiana obligada recurrente, durante los meses de septiembre a diciembre de este año.
En el mes de agosto se han reunido los representantes de las comunidades autónomas y entidades locales que voluntariamente participan, por lo que ahora ya sabemos que dependiendo de los desplazamientos que se realice habitualmente y el operador del servicio, el ciudadano podrá disfrutar de una mayor o menor reducción… o ninguna.
Intrínseco a la medida existe el interés evidente del ejecutivo de reducir los viajes en vehículo privado en beneficio del transporte público y colectivo y hacer que las ciudades funcionen cuanto más interesa a los operadores de transporte público.
Es importante saber que otros países han adoptado recientemente medidas con ese mismo propósito, como son Alemania, Italia o Austria, entre otros. No se trata, pues, de una medida aislada en el contexto internacional, pero a día de hoy no se pueden evaluar los beneficios o debilidades porque las medidas son recientes. Los principales impactos son:

• Hay peatones y ciclistas que generan menos emisiones que vuelven al transporte público.
  Una menor presencia de vehículos a motor circulante y tiempos de conducción más rápidos.
• Ahorro a los ciudadanos beneficiarios para que les disminuya la carga de la inflación y el aumento del precio de la energía.
• Aumenta la frecuencia del número de desplazamientos en transporte público porque son más económicos.
• Beneficia a los ciudadanos más ricos, pues generalmente son los que disponen de una red de transporte público más apta.
• Trasvase de usuarios hacia las alternativas de transporte público colectivo más económico, en perjuicio del transporte que aplica unos menores descuentos, así como el servicio privado de transporte de viajeros.
• Existe parte del coste del transporte que el Estado no compensa al operador y que se traduce en un recorte del beneficio o en pérdidas de explotación.
• El coste de suministro de la energía lo asume el operador de transporte que reduce el precio de tarifas.

En definitiva, luces y sombras. Luces o sombras, en función del tipo de desplazamientos y el operador del servicio que ofrece una solución de movilidad a ciudadanos y empresas. Un cambio de las reglas de juego que debemos seguir atentamente por su implicación en el sector de la automoción.